I. Introducción (*)

En México parecen haber quedado atrás los días en que el debate público nacional se centraba en la falta de limpieza de las elecciones. Actualmente la agenda parece estar repleta de una cantidad de temas que contienen y reflejan buena parte de la ardua problemática con la que el país va a entrar en el siglo XXI.

Al parejo de la superación del fantasma del fraude electoral, hemos asistido en los últimos años al florecimiento de un pluralismo político y social inédito en la historia reciente de México. De ese creciente pluralismo da buena cuenta el hecho de que en el proceso electoral federal del año 2000 participen II partidos políticos; 6 de ellos 10 hacen por vez primera, luego de obtener su registro como tales ante el Instituto Federal Electoral y se agregan a los otros 5 que participaron en las elecciones federales de 1997.

A partir tanto de la confiabilidad en la organización y en los resultados de las elecciones, como del renovado y pujante pluralismo, se deben ir pensando los cambios necesarios que pudieran irse introduciendo en el marco constitucional a fin de estar en posibilidades de reforzar las funciones y el desempeño de los poderes públicos. En buena medida, de la consecución de estos cambios y del correspondiente mejoramiento de la operatividad de los poderes públicos trata la llamada "reforma del Estado"; este proceso de reforma ha pasado por varias etapas, involucrando en su delineación y en los debates que ha suscitado tanto a instituciones nacionales (sindicatos, poderes públicos, académicos, etc.), como internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, etc. ) (1).

Una vez que se ha superado, por lo menos en la mayor parte de los países de América Latina, la etapa de la "reforma estructural" -enfocada particularmente hacia los componentes del sistema económico-, a principios del siglo XXI las tareas parecen concentrarse en la búsqueda de nuevos diseños institucionales. En este punto, como ha subrayado Adam Przeworski, no se cuenta todavía con suficiente evidencia empírica para responder a todas las interrogantes(2). De hecho, un politólogo de la talla de Giovanni Sartori todavía hace unos años se preguntaba si, en las cuestiones institucionales, sabemos qué reformar y cómo vamos a hacerlo y se respondía que no(3).

Sea como sea, a estas alturas ya para nadie es extraño el hecho de que no basta con cambiar la Constitución para mejorar la capacidad y estructura del Estado. Junto a los cambios constitucionales se deben generar también una serie de pautas de acción política que acompañen a esas modificaciones y que las hagan realmente actuantes(4), Sin embargo, también a partir del mejoramiento del marco constitucional se pueden crear las condiciones necesarias para hacer frente a los nuevos retos del Estado mexicano(5).

Algunos de los cambios que parecen más necesarios y que pueden constituir una "agenda constitucional" para los próximos años son los siguientes(6).